El Ayuntamiento socialista de Ourense debe medio millón de euros a la empresa que gestiona el servicio municipal de ayuda a domicilio y que atiende a unas 600 personas altamente dependientes de la tercera ciudad de Galicia.
Según un informe del jefe municipal de Gestión Económica y Presupuestaria al que ha accedido este diario, la deuda acumulada por la Concejalía de Bienestar suma 536.000 euros desde diciembre de 2013. El funcionario detalla en un documento firmado la pasada semana que “consultados los registros contables oportunos, resulta que de las facturas presentadas están pendientes de pago seis”, siendo la de mayor cuantía de 120.000 euros.
La falta de liquidez ha atascado el funcionamiento de la ayuda prestada a personas con problemas de autonomía. Los trabajadores, que tienen pendiente una paga extra y que denuncian reiterados retrasos en sus nóminas, han iniciado movilizaciones para reclamar la dimisión de la concejala de Bienestar Social por “dejadez”. Además han convocado una primera jornada de huelga el próximo 30 de abril. Hace meses ya amagaron con un parón indefinido, cuando la empresa anunció decenas de despidos mediante un ERE que acabó convertido en un expediente de regulación de empleo temporal. Fomento de Servicios Sociosanitarios, una unión temporal de empresas formada por la multinacional FCC y por una sociedad del cónsul de Costa de Marfil en Ourense, reconoce problemas pero los achaca “a la alta deuda contraída con el Ayuntamiento”. La concesionaria considera insostenible el servicio tras la pérdida de ingresos y por eso reclamó la resolución formal del contrato. El gobierno local se negó.
La edil Marga Martín, imputada judicialmente por la gestión de la ayuda a domicilio, se desentiende del conflicto laboral y niega deudas. Tras las primeras quejas, aseguró que la administración “paga cuando tiene que pagar” y explicó que las facturas pendientes desde diciembre se pagarían en abril porque “pagar dos meses después es algo habitual estos últimos años”. La ley vigente obliga a pagar en menos de 30 días, acumulándose intereses de demora si no se cumple el plazo. El servicio, con un coste anual de tres millones de euros, lleva meses instalado en una punzante polémica.
El juez de instrucción número 2 de Ourense está a punto de concluir una extensa investigación en la que mantiene imputada a la teniente de alcalde y concejala de Bienestar Social por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y cooperación para estafa. Fuentes de la investigación afirman que los delitos imputados a Martín podrían incrementarse al cerrar la instrucción. A la espera de que los investigadores policiales rematen las pesquisas y de que se efectúen testificales pendientes, el magistrado Antonio Piña ha recabado pruebas del pago de facturas presuntamente falsas o infladas por 335.000 euros, de un sobrecoste en la adjudicación de 250.000 euros y de una deuda de 900.000 euros con la Seguridad Social.
En este sumario judicial también están imputados por supuesta estafa agravada en concurrencia de falsedad en documento mercantil los empresarios a cargo de la contrata entre los años 2007 y 2011, así como funcionarios de la Concejalía de Bienestar Social a los que el juez acusa de mantener una “conducta dolosa” que motivó “un quebranto patrimonial” a las arcas públicas. A su vez, la justicia ha dado carpetazo a las denuncias cruzadas entre los exsocios por plagio o apropiación.
